¿Está fracasando la despenalización del consumo de drogas ilícitas en el mundo? / Análisis de Mauricio Vargas

Tres años y medio después de un referendo en el que 58 por ciento de los votantes apoyó descriminalizar el consumo de drogas como la cocaína y la heroína (la marihuana era tolerada desde antes), las autoridades del estado de Oregon, en la costa oeste de Estados Unidos, acaban de anunciar que, ante el acelerado aumento del abuso de esas sustancias, la medida será drásticamente reversada.

Con un crecimiento, en dos años, del 61 por ciento de los casos de sobredosis en el estado, (contra un 13 por ciento en el conjunto de los Estados Unidos) y un aumento de las muertes anuales por sobredosis no intencionales de opiáceos, de 280 en 2019, antes de la medida, a 956 en 2022, quedó en evidencia que la política de descriminalización no estaba logrando los objetivos buscados y que, incluso, estaba causando el efecto contrario.

Para competir contras las drogas blandas despenalizadas, los narcos apuestan por drogas duras más adictivas

Una vez puesta en marcha la decisión adoptada por los votantes -tras una campaña por el ‘Sí’ financiada por multimillonarios con George Soros y Mark Zuckerberg-, ningún consumidor volvió a ir a la cárcel. El plan consistía en sacar al sistema judicial de la batalla contra las drogas, para tratar el asunto como un problema de salud pública.

Si un agente de la policía encontraba a un consumidor callejero de cocaína o heroína, le expedía un tiquete de multa por 100 dólares que el afectado no tenía que pagar si llamaba a una línea telefónica de ayuda para someterse a un tratamiento contra su adicción. El 95 por ciento de los multados nunca llamó a la línea de atención ni pagó los dólares: no había sanción por ello.

De hecho, solo 119 personas se comunicaron con el teléfono de ayuda a lo largo de 18 meses, a razón de una llamada cada cuatro días y medio. Miles jamás llamaron: siguieron en las calles, comprando y consumiendo, y un millar y medio murieron por sobredosis en ese mismo año y medio.

La nueva ley que acaba de firmar la gobernadora demócrata, Tina Kotek -que en 2020 apoyó la despenalización- entrará en vigor el 1.° de septiembre y volverá a castigar con cárcel de hasta seis meses a los consumidores, mientras las autoridades y los expertos reevalúan la estrategia.

Este domingo, en un editorial sobre el reversazo de Oregon, el diario The Washington Post habló del final de un “desastroso experimento” que “contribuyó al alza en las muertes por sobredosis, al aumento de la violencia criminal” y generó un ambiente de “mercados de drogas al aire libre y adictos paseándose por las calles de Portland (capital del estado) con jeringas en sus brazos…”

Política de despenalización de la droga es cuestionada en Europa y Canadá

Lo de Oregon está muy lejos de ser un caso aislado. En Europa, la política de despenalización y liberalización del consumo adoptada hace años por los Países Bajos es hoy objeto de duros cuestionamientos: la permisividad hacia las drogas llamadas blandas llevó a los narcotraficantes a competir con productos mucho más dañinos, incluida una marihuana con un contenido mucho mayor de su agente activo, el THC (tetrahidrocannabinol).

Sea que se den pasos hacia legalizar, o que insistamos en la represión, las mafias se acomodan y crecen velozmente

En Canadá, a pesar de algunos logros de la despenalización en cuanto a la prevención de la adicción, se ha registrado “un aumento espectacular de las admisiones (por sobredosis) en los hospitales, y de los accidentes en las carreteras ligados al consumo de estupefacientes”, como lo hacía ver, en su más reciente edición, el semanario francés L’Express. 

El enfoque más represivo en otros países también fracasa. Pero como bien anotaba el editorialista de L’Express, Etienne Girard, “cuando algo no funciona, ¿se impone acaso deducir que la alternativa será beneficiosa?”.

Países Bajos y Bélgica, los lugares donde las redes de narcotraficantes apuestan por drogas más duras y adictivas

Girard tiene razón. La política puramente represiva ha mostrado sus enormes limitaciones. Pero la alternativa tolerante, basada en que un consumo que no esté prohibido perjudica a las mafias porque les quita el gran margen de utilidad que genera el mercado negro ilegal, no está dando mejores resultados.

Descriminalizar puede tener, incluso, un efecto perverso: para competir contras las drogas blandas despenalizadas, las redes de narcotraficantes apuestan por drogas más duras y más adictivas, con las que inundan las calles. 

Como el consumo de esas drogas duras (incluida la marihuana con mayor concentración de THC) sigue criminalizado, las utilidades del negocio se mantienen e incluso crecen, lo mismo que el poder mafioso y la violencia que lo acompaña.

El caso de los Países Bajos es dramático. Precursor desde 1976 de la legalización de las drogas blandas como la marihuana y el hachís, los cafés con el sello de la hoja de cannabis proliferaron en Amsterdam y otras ciudades neerlandesas. El cultivo de hasta cinco plantas de cannabis en la intimidad del hogar y para consumo personal, también quedó aceptado.

Con el tiempo, las redes de narcos se concentraron en la cocaína, la heroína, el éxtasis y el fentanilo, mucho más dañinas y adictivas. De paso, desarrollaron y comercializaron productos de cannabis con mayor concentración de THC, muchas veces producido en pequeños hogares que respetaban el límite de cinco matas. De ese modo, la legalización de las drogas blandas no acabó con las mafias y éstas llenaron las calles de alternativas mucho más perjudiciales para la salud de los consumidores.

Las personas que padecen trastornos por drogas en el mundo se disparó hasta 39,5 millones, un 45 por ciento más en 10 años

La violencia criminal tampoco bajó y, por el contrario, el crecimiento del consumo de drogas duras y las gigantescas utilidades derivadas de su comercialización, empoderaron a las mafias que en esta década han asesinado a investigadores judiciales, y han amenazado a altos funcionarios, incluido el primer ministro Mark Rutte.

En 2022, las amenazas mafiosas obligaron a los servicios de seguridad a llenar de escoltas y limitar los movimientos de la princesa Amalia, heredera al trono, cuando descubrieron que una banda de narcos buscaba secuestrarla, para responder con acciones terroristas a la represión policial.

El puerto neerlandés de Róterdam, el de mayor actividad en Europa, se ha convertido en una de las principales entradas de cocaína al viejo mundo, con incautaciones que superan las 70 toneladas anuales, casi una cuarta parte del total capturado en el continente. El poderío de las mafias que controlan ese ingreso y su distribución es gigantesco, lo que explica que esos capos estén dispuestos a todo para proteger sus intereses.

Setenta kilómetros al sur, en Amberes, Bélgica, el otro gigante portuario de la región, las incautaciones de cocaína superan a las de Róterdam, al rondar los 100 millones de toneladas al año. El efecto en esa ciudad portuaria, al igual que en la capital Bruselas y en otras ciudades belgas, es el mismo: poderosas bandas manejan el ingreso y la distribución, con el consecuente aumento de la violencia y de las amenazas a las autoridades.

En septiembre de 2022, la policía neerlandesa descubrió que el ministro de Justicia de la vecina Bélgica, Vincent Van Quickenborne, iba a ser secuestrado por una banda de narcos que lo puso en la mira por la dedicación del alto funcionario a desarrollar una estrategia de lucha contra esas mafias.

Los países que no despenalizan tampoco van mejor. En la otrora tranquila Suecia, que aplica una política de tolerancia cero, el gobierno se vio obligado, en septiembre, a sacar a las calles al Ejército, para intentar frenar los tiroteos y asesinatos sicariales por cuenta de la guerra entre las bandas de narcos.

De Colombia a Europa, así se acomodan las redes de tráfico de droga

“Lo que estamos viendo en Países Bajos y Bélgica, en Suecia, pero también en España y en urbes francesas como Marsella, son mafias que se apoderan de zonas enteras de las ciudades, con un control similar al que ejercen los carteles sudamericanos en Medellín, Río de Janeiro o varias zonas de México”, le explicó a EL TIEMPO un analista policial europeo.

“Sea que se den pasos hacia legalizar, o que insistamos en la represión, las mafias se acomodan y crecen a un ritmo muy veloz”, agregó la fuente. “En Colombia, el área sembrada de cocaína se multiplicó por 5 en una década, y toda esa cocaína encontró compradores, sobre todo en Europa”, anotó.

Tras un ligero freno en 2020, año de la pandemia, el consumo de drogas no para de crecer en el planeta. El resumen ejecutivo del más reciente informe de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con datos consolidados hasta 2021, muestra un conjunto alarmante de cifras.

“Nuevos datos -dice el informe- sitúan la estimación mundial de personas que se inyectaron drogas en 2021 en 13,2 millones, 18% más de lo estimado anteriormente. A escala mundial, más de 296 millones de personas consumieron drogas en 2021, lo que supone un aumento de 23 por ciento con respecto a la década anterior”.

Sea que se den pasos hacia legalizar, o que insistamos en la represión, las mafias se acomodan y crecen a un ritmo muy veloz

Agrega el documento que “el número de personas que padecen trastornos por consumo de drogas se ha disparado hasta 39,5 millones, lo que supone un aumento de 45% en 10 años”. Aunque para 2022 y 2023 las cifras aún no han sido consolidadas a nivel mundial, la tendencia que marcan los datos ya conocidos sigue siendo al alza de los casos.

Ghada Waly, la egipcia a la cabeza de la UNODC, considera necesario hablar de salud pública ante “un aumento continuo del número de personas que sufren trastornos por consumo de drogas en el mundo, mientras que los tratamientos no llegan a todos los que los necesitan”.

Pero Waly no olvida la necesidad de reprimir y pide “intensificar las respuestas contra las redes de traficantes que se aprovechan de los conflictos y las crisis mundiales para expandir el cultivo y la producción de drogas ilícitas, especialmente sintéticas, abasteciendo los mercados ilícitos y causando mayores daños a las personas y las comunidades.”

Mientras la represión no consigue doblegar un negocio criminal que sigue creciendo, y los resultados de los experimentos de legalización decepcionan, Waly parece defender una política combinada, donde los consumidores sean vistos como un problema de salud pública, pero las mafias lo sean como un grave asunto policial, judicial y de seguridad nacional e internacional.

MAURICIO VARGAS – ANALISTA DE EL TIEMPO – mvargaslina@hotmail / Instagram @mvargaslinares