¿qué dijo Rubio sobre Groenlandia y Colombia?
Congresistas demócratas y republicanos emergieron profundamente divididos, y con más preguntas que respuestas, tras una serie de reuniones clasificadas con funcionarios de la administración de Donald Trump que se vienen realizando desde este lunes, y en las que se dieron explicaciones sobre el golpe de este fin de semana en Venezuela y los planes futuros tanto para ese país como para otros de la región.
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Mientras los demócratas expresaron profundas preocupaciones por lo que ven como el inicio de una nueva era de expansionismo estadounidense, sin un plan claro ni coherente para el día después en el vecino país, los republicanos describieron la operación como un éxito quirúrgico, limitado en su alcance y sin prever un despliegue de tropas estadounidenses sobre el terreno.
Las reuniones, que se extendieron por más de dos horas y se realizaron a puerta cerrada en el Capitolio, estuvieron dirigidas a los principales líderes del Congreso que integran el denominado “grupo de los ocho”, encargado de recibir información altamente clasificada.
Este miércoles, asimismo, se realizó una segunda ronda de encuentros con los miembros de los comités de inteligencia de ambas cámaras del Legislativo.
Marco Rubio y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York. Foto: AFP
En ellas participaron el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la fiscal general, Pam Bondi; el director de la CIA, John Ratcliffe; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de la Fuerza Aérea Dan Caine.
El objetivo formal era informar a los legisladores sobre la captura de Nicolás Maduro y delinear los próximos pasos de Washington en Venezuela.
Sin embargo, al salir de los encuentros, varios congresistas reconocieron que la información recibida dejó más zonas grises que certezas.
“Todavía hay muchas preguntas que necesitan respuestas”, dijo la senadora Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
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Su correligionario Gregory Meeks, líder demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara baja, fue más directo: “¿Cuánto va a costar esto? ¿Cuál es el costo real para Estados Unidos?”, se preguntó.
Para muchos legisladores de este partido, el problema de fondo no es solo Venezuela, sino el patrón que empieza a delinearse.
Como advirtió Chuck Schumer, líder demócrata del Senado y uno de los miembros del “grupo de los ocho”, la preocupación es que el golpe del fin de semana no sea un episodio aislado, sino el primer paso de una política exterior cada vez más unilateral, expansiva y desconectada del Congreso.
“Ni siquiera nos aseguraron que no habrá uso de la fuerza militar contra otros países”, dijo este legislador.
Del lado republicano, el tono fue marcadamente distinto. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sostuvo que no se trata de una operación para el cambio de régimen, sino de una “exigencia de cambio de conducta” por parte del nuevo gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.
Delcy Rodríguez en su juramentación. Foto: AFP
Según Johnson, la combinación de la incautación de exportaciones petroleras y la presión económica bastaría para forzar un giro político en “muy corto plazo”, sin necesidad de una ocupación militar.
“No vamos a poner botas en tierra. No esperamos involucrarnos directamente ni de ninguna otra forma, salvo para presionar al nuevo gobierno a que cumpla”, enfatizó el congresista.
Parte de la confusión que atraviesa al Congreso, admiten incluso algunos republicanos, emana de las distintas narrativas que viene empleando la propia administración Trump.
Mientras el presidente ha afirmado públicamente en los últimos días que países como Colombia, México, Cuba e incluso Groenlandia podrían convertirse en objetivos de futuras acciones estadounidenses (y no ha descartado nuevos golpes en Venezuela), en privado el secretario Rubio ha transmitido a los legisladores una versión mucho más acotada y estratégica.
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En el caso de Groenlandia, por ejemplo, Rubio les explicó que las amenazas no apuntan a una intervención directa, sino a “ablandar” a Dinamarca para arrancarle concesiones en materia de seguridad y presencia estadounidense en el Ártico.
En cuanto a Venezuela, el jefe de la diplomacia sostuvo que el plan central es profundizar el bloqueo petrolero y mantener una amenaza creíble de nuevas acciones militares para forzar al régimen a expulsar a agentes de Rusia, China, Irán y Cuba, abrir el sector de hidrocarburos a empresas estadounidenses y, eventualmente, allanar el camino hacia un proceso electoral.
Pero incluso dentro de esa narrativa más restringida hay divergencias notables. Según fuentes legislativas, Rubio aseguró que el gobierno interino de Delcy Rodríguez tendría una duración limitada, estimada entre 90 y 180 días.
Trump, en cambio, ha dicho públicamente que no prevé elecciones en Venezuela antes de un año y medio.
Esa brecha discursiva alimentó el malestar demócrata y reactivó los intentos de frenar legalmente la acción militar.
Esta semana el Senado votará una resolución de poderes de guerra que buscaría impedir nuevas operaciones en Venezuela sin autorización explícita del Congreso.
El presidente Donald Trump acompañado por el senador Lindsey Graham a bordo del Air Force One. Foto:AFP
“Bombardear una capital y sacar por la fuerza al presidente de un país extranjero sienta un precedente peligrosísimo”, advirtió el senador Rand Paul, uno de los pocos republicanos críticos del operativo.
Paralelamente va el tema del petróleo. El martes en la noche, Trump anunció que Venezuela le entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo que EE. UU. administrará en beneficio propio y de Venezuela.
Este miércoles, durante una conferencia organizada por Goldman Sachs, el secretario de Energía, Chris Wright, explicó que los primeros millones de barriles forman parte del crudo ya almacenado y que EE. UU. se encargará de su comercialización.
“Hacia adelante —dijo Wright— y de manera indefinida, vamos a vender en el mercado toda la producción que salga de Venezuela”.
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Pero no está claro, de momento, cómo piensa EE. UU. garantizar ese proceso, qué porcentaje de esas ventas será reinvertido en Venezuela ni en qué.
De acuerdo con la administración, el presidente tiene prevista una reunión con representantes de las principales petroleras este viernes, en la que les dará detalles. La idea, al parecer, es utilizar estos recursos para reconstruir la infraestructura petrolera del país.
Pero, dado que el régimen necesita fondos para sostenerse, persisten las dudas sobre la viabilidad de la estrategia o si, de ahora en adelante, ningún otro país podrá comprar crudo directamente al régimen.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington