California: el reembolso de más de US$3.000 que pueden recibir los indocumentados

Una medida fiscal en California ofrece a trabajadores del estado la posibilidad de recibir reembolsos de impuestos de hasta US$3.417, incluso siendo indocumentados. La cantidad del reembolso dependerá de los ingresos y el tamaño de la familia del solicitante.

Esto se logra gracias a la ampliación del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California (CalEITC por sus siglas en inglés) y el Crédito Tributario por Hijos Menores (YCTC por sus siglas en inglés) a personas con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN en inglés). El CalEITC está dirigido a respaldar a los californianos de bajos ingresos que trabajan, brindándoles la oportunidad de recibir un reembolso en efectivo o una reducción de sus impuestos.

Esta medida busca proporcionar apoyo financiero a aquellos que, a pesar de su estatus migratorio, contribuyen al estado. Para calificar, deben cumplirse requisitos como tener al menos 18 años, tener ingresos del trabajo entre US$1 y US$30.000, contar con un Número de Seguro Social o ITIN, vivir en California la mayor parte del año, entre otros.

El ingreso del trabajo incluye sueldos, salarios y compensaciones sujetas a retención. Aquellos que hayan recibido pagos por seguro de desempleo podrían ser elegibles en ciertas condiciones.

Oportunidades de crédito fiscal: YCTC y CalEITC para familias con hijos menores

El YCTC complementa el CalEITC y ofrece un crédito de hasta US$1.083 por declaración de impuestos para quienes sean candidatos al CalEITC y tengan un hijo menor de seis años. A partir del año tributario 2022, las personas podrían calificar con un ingreso total del trabajo de cero dólares o menos.

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Es necesario declarar los impuestos estatales para acceder a estos créditos fiscales. La buena noticia es que estos beneficios no se consideran cargas públicas, proporcionando tranquilidad a quienes califican. Si los beneficios fiscales fueran considerados cargas públicas, podría interpretarse que los receptores dependen en gran medida del Estado, lo cual podría tener implicaciones negativas en sus procesos migratorios o solicitudes de residencia.

Al no clasificarse como cargas públicas, se elimina este riesgo potencial, permitiendo que aquellos que califican accedan a los beneficios fiscales sin preocupaciones adicionales sobre su estatus migratorio. Esto contribuye a la seguridad y tranquilidad de quienes buscan aprovechar estos apoyos financieros.