miles de colombianos podrían quedar bajo custodia en Estados Unidos
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Una decisión que podría afectar también a miles de colombianos reasentados recientemente, quienes ahora quedan bajo la amenaza de arresto y detención mientras sus casos son nuevamente revisados.
El memorando, emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y firmado por el director interino de ICE, Todd M. Lyons, y el director de USCIS, Joseph Edlow, instruye a “localizar, arrestar y tomar bajo custodia” a los refugiados que no hayan ajustado su estatus migratorio.
La directriz revoca una guía de 2010 que establecía que no solicitar la residencia permanente en el plazo de un año no era, por sí solo, base suficiente para detener a una persona que había ingresado legalmente como refugiada.
Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración. Foto: Archivo / X@MorseNewsTV
Hasta ahora, la práctica histórica consistía en enviar notificaciones o citar a entrevistas administrativas. La detención era excepcional. Con el nuevo criterio, lo que durante décadas fue tratado como un asunto de papeleo pasa a convertirse en un asunto de encarcelamiento migratorio.
La administración argumenta que la Ley de Inmigración y Nacionalidad exige que quienes no ajusten su estatus tras un año regresen a “custodia” del DHS.
Pero abogados y organizaciones especializadas sostienen que ese término nunca significó arresto masivo ni detención indefinida.
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“No existe precedente de una revisión masiva y generalizada de refugiados. Hay procesos individuales cuando se detecta un posible fraude o inconsistencia en la aplicación, pero no esto, que parece más bien una pesca indiscriminada”, afirma Kenji Kizuka, director de políticas del Comité Internacional para los Refugiados, uno de los centros del país que defiende la causa de este tipo de migrantes.
Hay procesos individuales cuando se detecta un posible fraude o inconsistencia en la aplicación, pero no esto, que parece más bien una pesca indiscriminada
Kenji KizukaDirector de políticas del Comité Internacional para los Refugiados
Quiénes podrían verse afectados
El alcance potencial de la medida es amplio. Según datos del gobierno federal, más de 200.000 refugiados ingresaron a EE.UU. durante la administración del presidente Joe Biden. Aunque una parte de ellos ya obtuvo la residencia permanente, organizaciones estiman que alrededor de 100.000 aún no han completado el trámite y podrían quedar expuestos a detención bajo la nueva política.
El impacto es particularmente sensible para América Latina.
Un total de 3.680 colombianos recibieron el estatus de refugiado en el país. Foto: iStock/Archivo
De acuerdo con el informe anual de flujo de refugiados del propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS), correspondiente al año fiscal 2024, en los dos últimos años (2023 y 2024) un total de 3.680 colombianos recibieron el estatus de refugiado en el país.
Un caso parecido al de por lo menos 20.000 nacionales de Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Ecuador y Honduras.
Si algunos de ellos no han iniciado o completado el trámite de residencia permanente, podrían verse directamente afectados por esta nueva directriz.
En estados como Minnesota ya se han visto los primeros efectos. Cerca de un centenar de refugiados fueron arrestados como parte de una operación de control denominada “PARRIS”.
Hace poco, un juez federal bloqueó temporalmente las detenciones tras una demanda presentada por organizaciones civiles.
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“Me preocupa que el memorando del 18 de febrero y la detención indiscriminada de refugiados en Minnesota sean las primeras salvas de un ataque contra refugiados reasentados en todo EE.UU.”, le dijo al diario The Washington Post Laurie Ball Cooper, vicepresidenta de programas legales del Proyecto para la Asistencia de Refugiados Internacionales y cabeza en el proceso judicial en este estado.
Para ella, la política marca el inicio de una ofensiva más amplia contra personas que llegaron bajo reglas distintas.
La batalla legal que se avecina
El giro se inscribe en una estrategia más amplia de endurecimiento contra la inmigración, tanto legal como ilegal, desde que Trump llegó a la Casa Blanca hace poco más de un año.
Tras su arribo, el presidente ordenó la suspensión total del programa de refugiados, incluidos los casos ya aprobados, y dispuso revisar solicitudes provenientes de numerosos países, alegando posibles fraudes en el proceso.
Además, la administración congeló durante meses el procesamiento de solicitudes de tarjetas de residencia para refugiados de decenas de nacionalidades, lo que dificulta que muchos cumplan con el requisito que ahora se les exige bajo la amenaza de detención.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP
Una contradicción que muchos críticos ahora resaltan. Es decir, se penaliza a las personas por no haber completado un trámite en un sistema ralentizado por el propio gobierno.
“No se puede invitar a las personas a EE.UU. bajo un conjunto de reglas y luego cambiarlas cuando ya están acá. Parece que simplemente están buscando formas diferentes para meter a la cárcel a más personas y presionarlas para que se devuelvan”, afirma Shawn VanDiver, fundador de AfghanEvac.
El trasfondo jurídico también genera inquietud. El memorando habla de una segunda ronda de verificación obligatoria para examinar posibles riesgos para la seguridad nacional o de fraude.
Sin embargo, los refugiados ya pasan por uno de los procesos de selección más estrictos del sistema migratorio estadounidense antes de llegar al país, con múltiples entrevistas y revisiones interagenciales que pueden tardar años.
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Como ha ocurrido con muchas otras decisiones migratorias de esta administración, el destino final de esta política probablemente se definirá en los tribunales. Ya existen varias demandas en curso en distintas jurisdicciones federales, y jueces han emitido órdenes temporales que frenan su aplicación en algunos estados. Todo apunta a que el debate escalará ante las cortes de apelación y, eventualmente, podría llegar al Tribunal Supremo de EE.UU., que tendría la última palabra sobre hasta dónde puede llegar el Ejecutivo en la reinterpretación de las protecciones históricas otorgadas a los refugiados.
Pero, de consolidarse esta interpretación, el estatus de refugiado dejaría de percibirse como una protección estable para convertirse en una condición esencialmente provisional, sujeta a arresto y a una nueva evaluación en cualquier momento.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington