¿Quién responde por los migrantes encarcelados en El Salvador? Documentos revelan que EE. UU. tiene el control

Estados Unidos tiene «la jurisdicción y la responsabilidad legal» de los migrantes expulsados a una cárcel en El Salvador, según dijeron autoridades salvadoreñas a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, tras ser consultadas sobre la legalidad de las expulsiones masivas que realiza el gobierno de Donald Trump. 

Una polémica que se inició el 15 de marzo, cuando el gobierno el estadounidense expulsó a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador a 238 venezolanos y 23 salvadoreños a quienes acusa de ser pandilleros. Lo hizo en virtud de una Ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII.

Desde entonces, abogados y organizaciones de defensa de derechos civiles demandaron a la administración por considerar que las expulsiones masivas son ilegales y violan el derecho al debido proceso.

El acuerdo de Washington con El Salvador desató una ola de protestas después de que el gobierno estadounidense se negó a traer de vuelta a un salvadoreño, Kilmar Ábrego García, pese a reconocer que lo expulsaron «por error».

“El Salvador ha confirmado lo que nosotros y todos los demás entendíamos: es Estados Unidos quien controla lo que sucede con los venezolanos que se encuentran en Cecot. Sorprendentemente, el gobierno estadounidense no nos proporcionó esta información ni a nosotros ni al tribunal”, declaró a la agencia AP el abogado Lee Gelernt de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que defiende a estos migrantes.

Skye Perryman, directora ejecutiva y presidenta de Democracy Forward, otra organización que litiga estos casos, afirmó que los documentos demuestran que «la administración no ha sido honesta con el tribunal ni con el pueblo estadounidense». 

¿Qué dice la Corte Suprema de Estados Unidos sobre estos casos? ¿Quién responde por los migrantes deportados y encarcelados en El Salvador? ¿Qué responsabilidad tiene cada parte?

Aquí le explicamos el limbo legal de estos migrantes deportados por Estados Unidos a El Salvador.

¿Qué dice la ley en Estados Unidos sobre las expulsiones?

Para expulsar rápidamente a hombres a los que acusó de ser miembros de la banda venezolana Tren de Aragua y la salvadoreña MS-13, Trump invocó una ley de tiempos de guerra de 1798, la Ley de Enemigos Extranjeros.

Pero en la medida en que se presentaron impugnaciones sobre los casos de esos migrantes, varios jueces de tribunales inferiores llegaron a la conclusión de que el gobierno ha sobrepasado el alcance de la ley, que solo puede invocarse cuando Estados Unidos ha sido objeto de una “invasión” o “incursión depredadora”, y han bloqueado la deportación de grupos de venezolanos.

A mitad de mayo, en medio de la polémica por Ábrego García, la Corte Suprema bloqueó la deportación de otro grupo de detenidos venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua, mientras el asunto se litiga en los tribunales.

Además, los jueces dijeron que un tribunal de apelaciones debía examinar qué tipo de notificación debía proporcionar el gobierno para darles a los migrantes la oportunidad de impugnar sus deportaciones.

Sin referirse explícitamente al falló, Trump calificó a los “jueces y agentes de la ley débiles e ineficaces que permiten que continúe este ataque a nuestra Nación, un ataque siniestro y violento que nunca será olvidado”, ecribió en aquel entonces en su red Truth Social.

¿Quién responde por los migrantes deportados y encarcelados en El Salvador? 

Washington ha reiterado públicamente e incluso ante los tribunales que no tiene autoridad sobre los migrantes deportados a El Salvador. Por su parte, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo carecer de «poder» para enviarlos de vuelta.

Pero el lunes, abogados de venezolanos expulsados presentaron como prueba ante una corte estadounidense un documento que incluye la respuesta de El Salvador a las preguntas del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

En el texto, las autoridades señalan que «el Estado salvadoreño declara enfáticamente que sus autoridades no han arrestado, detenido ni trasladado» a los migrantes sino que sus acciones «se han limitado a la implementación de un mecanismo de cooperación bilateral«, se lee en el documento enviado el lunes.

En el marco de este acuerdo, Estados Unidos pagaría 6 millones de dólares para que El Salvador albergara a 300 migrantes. 

El Salvador «ha facilitado el uso de la infraestructura penitenciaria salvadoreña para la custodia de personas detenidas en el ámbito del sistema judicial y la aplicación de la ley de ese otro Estado», añade.

Entonces, «la jurisdicción y la responsabilidad legal respecto de estas personas recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes» de modo que El Salvador «no puede ser considerado responsable del incumplimiento del principio de no devolución», insisten los funcionarios.

El Salvador también tiene una responsabilidad legal con esos migrantes deportados

Según Enrique Prieto, experto en Derecho Internacional, hay dos niveles de responsabilidad en esta situación. 

Por un lado, la responsabilidad doméstica que tiene EE. UU. sobre las personas que envió al Cecot. «Estos migrantes fueron detenidos en suelo estadounidense, por autoridades de ese país y fueron enviados allí por unos temas administrativos, entendiendo que lo migratorio es administrativo, por lo que su proceso debería guiarse por normas internas», explica a este diario.

El otro nivel es el Derecho Internacional Público, «donde cambia la narrativa», menciona Prieto. El Salvador como Estado y sujeto de Derecho Internacional Público «tiene una responsabilidad legal frente a esas personas de diferentes nacionalidades y que los aceptó voluntariamente en su territorio, indiferentemente al acuerdo que hayan firmado con EE. UU.»

El Salvador ha ratificado tratados de derechos humanos, así que «durante su permanencia en el Cecot tiene que garantizarles esos mínimos como el debido proceso o condiciones mínimas de salud«, explica el también docente de la Universidad del Rosario. 

El miércoles, el cardenal Gregorio Rosa Chávez pidió al gobierno de Bukele que informe sobre los 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos, quienes llevan casi cuatro meses presos e incomunicados en El Salvador.

«Ciertamente alguien que está detenido tiene derecho a cosas mínimas que están establecidas en la ley internacional, que se sepa dónde está y cómo está«, declaró Rosa Chávez a periodistas en la iglesia San Francisco en San Salvador.

La Iglesia ya se había pronunciado sobre los venezolanos el 20 de abril, cuando el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, pidió a las autoridades que no conviertan al país en «una gran cárcel internacional».

El cardenal afirmó ahora que «hasta los peores criminales» tienen derechos y pidió que «se informe sobre su situación a sus familias».