El destino compartido de la democracia y la justicia internacional
Sin duda, el progreso no fue lineal: hubo pasos laterales y retrocesos. Pero desde los juicios por crímenes de guerra de Núremberg y Tokio, que procesaron a los perpetradores alemanes y japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, hasta la adopción en 1998 del Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional (CPI), la trayectoria general se encaminó hacia la rendición de cuentas. A pesar de sus defectos y crímenes, algunas de las democracias más antiguas y poderosas del mundo ayudaron a liderar el impulso hacia la justicia en la ex Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona.
LEA TAMBIÉN
Pero los acontecimientos recientes han revertido esta tendencia. Líderes autoritarios que menosprecian los derechos humanos han llegado al poder en varias democracias, incluyendo Estados Unidos. La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en 2016 y su reelección en 2024 han sido particularmente preocupantes. Ya durante el segundo gobierno de Trump, Estados Unidos –cuyo liderazgo en el sistema de justicia internacional es tan esencial como inconsistente– ha llegado incluso a imponer sanciones al fiscal de la CPI, a dos fiscales adjuntos y a ocho de sus jueces.
Trump ha sancionado 8 jueces de la CPI por la orden de captura sobre Netanyahu. Foto:Getty Images via AFP
Estados Unidos no es la única democracia bajo presión de fuerzas autoritarias que temen cualquier forma de rendición de cuentas. Según informes de prensa, incluso antes de la actual guerra en Gaza, el entonces director del Mossad, la agencia de inteligencia israelí supuestamente amenazó a la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, como parte de una campaña de presión de años para impedir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Palestina.
En 2019, Filipinas se retiró de la CPI tras la investigación de la corte sobre la represión antidrogas del entonces presidente Rodrigo Duterte. Y en abril de 2025, Hungría, orgullosamente antiliberal, anunció su intención de hacer lo mismo, poco después de negarse a ejecutar una orden de arresto de la CPI. La retirada se oficializó en junio.
LEA TAMBIÉN
Por supuesto, la justicia internacional no solo preocupa a las democracias. Después de todo, Joseph Stalin fue uno de los líderes aliados que acordaron establecer el Tribunal Militar Internacional que sesionó en Núremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Como observó Robert Jackson, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos y fiscal jefe estadounidense en Núremberg, en su declaración inaugural, el juicio fue “parte del gran esfuerzo por consolidar la paz”. El Estatuto de Roma, entre cuyos signatarios se incluyen gobiernos de todo tipo, reconoce de igual manera que “los crímenes graves amenazan la paz, la seguridad y el bienestar del mundo”.
Los juicios de Núremberg sentaron las bases para tipificar crímenes contra la humanidad. Foto:Archivo nacional. Efe
Aun así, el giro global hacia el autoritarismo hace del mundo un lugar menos acogedor para los jueces y abogados independientes que intentan hacer justicia a las víctimas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión. Cuando los jefes de Estado electos buscan expandir su poder más allá de los límites tradicionales, cuando los gobiernos destituyen y acusan penalmente a los líderes de los colegios de abogados, cuando los jueces de los tribunales nacionales son amenazados por actuar como un baluarte contra la extralimitación del Ejecutivo, el Estado de derecho se resiente, en detrimento de todos.
La pregunta ahora es si el proyecto de exigir responsabilidades a los altos responsables sobrevivirá. En medio de los desafíos y las decepciones, encuentro esperanza en las numerosas expresiones de valentía, resistencia y fe en la ley como instrumento para contrarrestar las arrogancias del poder. Este progreso es contagioso: el avance del Estado de derecho en cualquier lugar hace posible una cultura del Estado de derecho en todas partes.
Basta con observar a los jueces que, en los últimos años, han defendido la integridad de las elecciones democráticas en Senegal, India, Brasil y otros países, a menudo con gran riesgo personal. O considerar los tribunales estadounidenses que han rechazado intentos ilegales de castigar a los bufetes de abogados que representan a estudiantes universitarios por sus declaraciones.
El juez De Moraes fue un gran contrapeso de la administración de Bolsonaro en Brasil. Foto:EFE
A nivel mundial, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha tomado la valiente iniciativa de esclarecer los graves crímenes cometidos en Myanmar, Siria y Gaza. Durante el último año, fallos de la CIJ, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han afirmado que los Estados tienen la obligación legal de abordar el cambio climático.
Las luchas actuales por la justicia internacional y por la democracia, aunque no son idénticas, están relacionadas. Y si bien la esperanza por sí sola no basta para prevalecer en ninguna de las dos, es esencial para las víctimas de crímenes graves y para todos aquellos que temen que su próxima expresión de disidencia sea la última. En un clima de miedo generalizado, cada decisión de firmar una carta, unirse a una protesta pacífica o presentar una denuncia contra medidas autoritarias es un paso hacia la justicia.
JAMES A. GOLDSTON (*)
© Project Syndicate
Nueva York
(*) Director ejecutivo de la Iniciativa de Justicia de Sociedad Abierta y profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, es exfiscal de la Corte Penal Internacional y exfiscal federal en Nueva York.
LEA TAMBIÉN
El Estado de derecho es ‘desafiado rutinariamente’
En la actualidad, la justicia internacional enfrenta un “momento extraordinario”, pues en todo el mundo y de forma constante el Estado de derecho está bajo amenaza, con presiones en aumento hacia las instituciones de justicia.
Así lo dijo Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), durante una audiencia con la cual dio apertura al año judicial en este tribunal.
«El mandato que tenemos nunca ha sido más relevante», dijo el secretario de la CPI, Osvaldo Zavala. Foto:Canva
“La CPI, así como otras instituciones judiciales en todo el mundo, ha estado enfrentando presiones significativas, medidas coercitivas e intentos de socavar su función”, dijo la juez Akane, quien añadió: “Valores y premisas que hemos aceptado como un hecho, así como la propia noción del Estado de derecho, están siendo rutinariamente cuestionados y desafiados”.
Pese a estos desafíos, la cabeza de la CPI destacó la importancia de continuar defendiendo la justicia y apoyando a las víctimas.
LEA TAMBIÉN
“Se nos ha confiado una promesa importante y sagrada para el futuro: construir un mundo más justo para el bien de las generaciones futuras. Esto puede parecer imposible si actuamos solos. Pero juntos, podemos superar cualquier desafío que se nos presente”, expuso.
Se nos ha confiado una promesa importante y sagrada para el futuro: construir un mundo más justo para el bien de las generaciones futuras. Esto puede parecer imposible si actuamos solos. Pero juntos, podemos superar cualquier desafío que se nos presente
Tomoko AkanePresidenta de la Corte Penal Internacional
En la misma ceremonia intervinieron otros directivos de la CPI, como la fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan, quien señaló que “la justicia no es un ideal abstracto, es un salvavidas”, agregando que se debe reafirmar que “la rendición de cuentas no es opcional; es la base de la paz y la promesa que debemos a las víctimas de todo el mundo”.
Y el secretario de la CPI, Osvaldo Zavala Giler, afirmó: “La Corte ha dado pasos importantes para proteger nuestra capacidad de seguir realizando nuestra labor sin impedimentos, precisamente porque el mandato confiado por el Estatuto de Roma y la comunidad internacional nunca ha sido más relevante ni más importante para las víctimas y las comunidades afectadas”.
Es de recordar que la CPI enfrenta en estos momentos uno de sus periodos más difíciles, haciendo frente a sanciones impuestas en los últimos meses por la administración de Donald Trump en Estados Unidos contra altos funcionarios, incluidos jueces, en represalia por las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
En un pronunciamiento de diciembre, la Corte rechazó esas medidas, señalando que son un ataque contra la independencia de una institución judicial imparcial. “Estas medidas, dirigidas a jueces y fiscales elegidos por los Estados Partes, socavan el Estado de derecho. Cuando los actores judiciales se ven amenazados por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que se ve amenazado”, dijo el tribunal en ese momento.
Además de las sanciones de Estados Unidos, Rusia ha condenado a funcionarios de la CPI a penas de cárcel, en represalia por las órdenes de arresto contra el presidente Vladimir Putin por la guerra en Ucrania.
“Ahora, más que nunca, debemos volver a las ideas fundamentales sobre las que nos apoyamos, los valores de justicia y humanidad que trascienden las fronteras”, concluyó la presidenta de la CPI en medio de este panorama.
Redacción Domingo, con información de AFP.