El costo oculto de las deportaciones de migrantes a terceros países de Donald Trump: gasto millonario, escaso control y presión diplomática

Las deportaciones de migrantes en Estados Unidos a terceros países, una estrategia que ha crecido con Donald Trump en el poder, no solo ha sido una estrategia costosa, sino que está envuelta en serias dudas de elusión de la legislación estadounidense, escasos o nulos controles y negocios sospechosos o coerciones con gobiernos «corruptos e inestables».

Esas son las principales conclusiones a las que llegó un informe de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. en el que aseguran que estas deportaciones se han convertido en una estrategia “central y transaccional” de la política exterior de Estados Unidos que le ha costado al país más de 40 millones de dólares para deportar a 300 migrantes, con costos de vuelo que, en algunos casos, superan el millón de dólares por persona.

“El sistema creciente de deportaciones a terceros países es costoso, derrochador y cada vez más alejado de los principios de transparencia y responsabilidad que deberían regir la diplomacia estadounidense”, se lee en el documento de 30 páginas presentado por el ala demócrata que conforman esta comisión del Senado.

En el informe señalan que, de los 40 millones, al menos 32,3 millones millones se han entregado directamente a los gobiernos para “incentivarlos” a que acepten recibir migrantes de terceros países. Los países que han recibido son:

El dinero restante se destinó en vuelos para trasladar a migrantes a al menos diez terceros países (7,2 millones de dólares), así como gastos de alojamiento en una base militar en Yibuti (307mil dólares).

Envíos innecesarios a terceros países

Más allá del costo, el informe cuestiona la necesidad misma de muchos de estos traslados. El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido que las deportaciones a terceros países son imprescindibles porque los países de origen “se niegan” a recibir a sus ciudadanos. Sin embargo, la comisión concluye que esa afirmación “no se sostiene con la evidencia disponible”.

Según el documento, en varios casos los gobiernos de origen aceptaron el retorno de sus nacionales semanas o meses después de haber sido enviados a otro país. De hecho, en conjunto, más del 80 % de las personas deportadas a un tercer lugar ya regresaron o están en proceso de regresar a su país de origen.

En otras situaciones, las autoridades estadounidenses no habrían solicitado a tiempo la documentación necesaria o no habrían dado el plazo suficiente para tramitarla. “Muchos podrían haber sido devueltos directamente a su país de origen si la Administración hubiera seguido los procedimientos habituales de expulsión”, señala el informe.

El resultado es que el Gobierno terminó pagando dos veces: primero para trasladar a los migrantes a un tercer país y después para repatriarlos finalmente a su nación.

Las dudas no se limitan al dinero. Muchos de los memorandos de entendimiento incluyen compromisos genéricos de respeto a los derechos humanos. Pero la comisión afirma que no existe un sistema claro para verificar que esas promesas se cumplan en la práctica. En al menos un país, funcionarios estadounidenses dijeron al Senado que recibieron instrucciones de “no dar seguimiento” al trato que estaban recibiendo los deportados.

En procedimientos judiciales citados por el informe, incluso abogados del propio Gobierno admitieron que Estados Unidos “no tiene la capacidad de decirle” a un tercer país qué hacer con las personas una vez llegan a su territorio.

El informe también advierte que “la Administración no está siendo transparente con el Congreso” ni con la ciudadanía “sobre el alcance de las negociaciones”, en las que podrían estarse ofreciendo concesiones adicionales, presiones comerciales como aranceles o compromisos paralelos, para asegurar la cooperación de los países receptores.

Ante este panorama, los senadores concluyen que las deportaciones a terceros países se han convertido en operaciones “caras e ineficientes” que financian “a gobiernos corruptos sin supervisión adecuada” y eluden en algunos casos la legislación. Lejos de ser una medida excepcional, estas deportaciones buscan generar impacto político y miedo entre los migrantes, aunque ello implique gastar decenas de millones de dólares en traslados evitables.